¿Y quién dijo que les importa?

La violación de derechos en Venezuela no es una lista ni un expediente: es una carnicería. Un país donde el Estado aprendió a triturar al ciudadano sin necesidad de disparar siempre, porque descubrió que la devastación también se logra por desgaste, por abandono, por humillación cotidiana. Aquí los derechos no se vulneran: se pulverizan.

Este es un “régimen mata gente”. La vida se volvió una moneda sucia que el poder lanza al aire para decidir quién respira y quién no. Se mata en operativos policiales que son más bien cacerías; se mata por falta de medicinas; se mata por negligencia; se mata por hambre. La muerte dejó de ser un final y se convirtió en un método de gobierno. El venezolano vive sabiendo que su vida vale menos que la gasolina que no consigue o el agua que no llega.

La libertad fue estrangulada con manos lentas. No se prohibió de golpe: se fue reduciendo, como una vela que se consume sin que nadie la apague. Se encarceló la palabra, se persiguió la protesta, se convirtió la opinión en delito. Se fue estrangulando el derecho a pensar. El país se transformó en un territorio donde cada gesto puede ser interpretado como desafío y cada silencio como sospecha. La libertad quedó reducida a un pensamiento que uno no se atreve a decir.

La propiedad se volvió un chiste cruel. El Estado se apropió de tierras, empresas, casas, vidas enteras. No para construir justicia social, sino para engordar su maquinaria de control. Nada es tuyo. Todo es de ellos. La economía se convirtió en un campo de saqueo donde el ciudadano es apenas un estorbo entre el poder y su botín. La propiedad privada murió sin funeral.

La salud es una ruina que huele a óxido y a miedo. Enfermar en Venezuela es una sentencia anticipada. Los hospitales son esqueletos; las farmacias, vitrinas llenas de medicamentos imposibles de costear; los diagnósticos, adivinanzas. El Estado decidió que la enfermedad es un asunto privado y que la supervivencia es responsabilidad exclusiva del enfermo. El venezolano se cura como animal acorralado: con lo que encuentra, con lo que inventa, con lo que ruega.

La educación fue desmantelada con precisión de verdugo. Se empobreció al maestro, se abandonó la escuela, se asfixió la universidad. El conocimiento dejó de ser un camino y se volvió una amenaza para el poder. Se intentó fabricar una ciudadanía dócil, desinformada, obediente. La educación, que debería ser la columna vertebral de un país, quedó convertida en un recuerdo que se pronuncia con nostalgia. “A mí en la escuela me enseñaron…”, “yo en el liceo aprendí…”, “yo en la universidad desarrollé…”

El trabajo perdió su dignidad. El salario se volvió una burla, una cifra que no compra ni un desayuno. La meritocracia fue sustituida por la lealtad política. El trabajador quedó atrapado entre la necesidad y la humillación, obligado a sobrevivir en un mercado donde el esfuerzo no garantiza nada y la dignidad es un lujo que nadie puede pagar.

La justicia se transformó en una parodia. Tribunales subordinados, fiscales obedientes, jueces que dictan sentencias obedeciendo órdenes. La ley dejó de ser un marco y se convirtió en un arma. El ciudadano quedó indefenso, sin árbitro, sin amparo, sin voz. La justicia, que debería ser la última defensa del débil, se volvió cómplice del poderoso. La Constitución es un adorno. 

La masacre de PDVSA fue otra forma de violación de derechos, pero más perversa, más calculada, más profunda. No hubo disparos, pero sí sangre. Se ejecutó a través del desmantelamiento de la institución que sostenía al país, del exterminio de su gente, de la destrucción de su mérito. Se expulsó a miles de trabajadores que habían construido, con décadas de disciplina y conocimiento, la  industria capaz de sostener la nación. Se les arrebató su derecho al trabajo, a la propiedad, a la estabilidad, a la seguridad social, a la dignidad. Se les condenó al exilio, a la pobreza, a la humillación. La masacre de PDVSA fue un crimen sin cadáveres visibles: una ejecución administrativa que destruyó familias, quebró carreras, pulverizó sueños y dejó al país sin la columna vertebral de su economía. Fue la violación de un derecho colectivo: el derecho de una nación a una empresa propiedad de todos los venezolanos y con ello el derecho a tener presente y  futuro. La masacre de PDVSA es como si hubieran entrado en la casa de cada uno de nosotros y nos hubieran maniatado, robado, saqueado, violado, herido con una multiplicidad de armas, y todo ello a carcajada limpia.

Y la verdad… la verdad fue ejecutada en público. Se persiguió la prensa, se censuró la información, se manipuló la narrativa. El venezolano quedó obligado a vivir en un país donde lo real y lo oficial nunca coinciden. La mentira se institucionalizó como política de Estado, y la verdad quedó relegada a susurros, rumores, filtraciones, valentías solitarias.

Lo que se violó en Venezuela no fueron solo derechos: fue la noción misma de ciudadanía. Se desmontó el contrato social, se anuló el presente y el futuro, se fracturó la confianza en la ley, en las instituciones, en la palabra, en el otro. El venezolano quedó reducido a sobreviviente, a caminante, a testigo de una devastación que todavía no termina.

Venezuela es un caso de estudio en las universidades del mundo. Un lamentable caso de estudio.  Muchos de los culpables aún están en territorio nacional. Otros en el exterior. Los hunos venezolanos saborean su triunfo. A diario se cepillan la Constitución. El libro magno es usado como papel sanitario.

Todas las encuestas, excepto las de Hinterlaces, dicen que son impopulares y que la aprobación de la gestión de Delcy se desploma. ¿Y quién dijo que les importa? La noticia sería que les importara. Esa sí sería una sorpresa.

Soledadmorillobelloso@gmail.com