País pobre, gobernantes ricos

Hay cifras que dejan de ser números para convertirse en acusaciones. Los más de 13 mil millones de dólares provenientes del petróleo venezolano que hoy permanecen bajo control o custodia de Estados Unidos son una de ellas. No son simples recursos inmovilizados en una cuenta: son escuelas que no se construyeron, hospitales sin equipos, carreteras rotas y comunidades enteras condenadas a sobrevivir entre carencias. Son una parte del futuro de Venezuela retenida en una bóveda de incertidumbre.

Sobre ese dinero se proyecta una sombra inquietante: nadie parece tener una imagen completa de su destino. Se habla de custodia, supervisión y mecanismos de control, pero las piezas nunca terminan de encajar. Los registros públicos muestran fragmentos, no respuestas. Y cuando el dinero pertenece a una nación, la opacidad no es una irregularidad administrativa: es una alarma.

Sin embargo, existe una verdad incómoda. Si esos recursos estuvieran hoy bajo control del régimen, la desconfianza no sería menor; sería aún mayor. No por paranoia colectiva, sino por experiencia acumulada. Los venezolanos aprendieron, a fuerza de escándalos, que la vigilancia no es un lujo democrático: es una necesidad de supervivencia.

Durante años Venezuela estuvo sentada sobre un inagotable flujo petrolero. El dinero corría con abundancia obscena. Pero mientras las arcas se llenaban, el país se vaciaba. Se vaciaban los hospitales, las universidades, los servicios públicos y, finalmente, las casas, cuando millones de venezolanos empobrecidos y aterrorizados por un régimen salvaje emprendieron el camino del exilio.

Algunos ejemplos dan mal de páramo. CADIVI abrió una de las heridas más profundas.  Llegaron los escándalos de PDVSA, los fondos paralelos tragados por la opacidad, las obras de Odebrecht cobradas como símbolos del progreso y abandonadas como ruinas prematuras. Más recientemente, hasta las propias autoridades admitieron irregularidades multimillonarias en la comercialización petrolera. La riqueza brotaba del subsuelo; el bienestar nunca emergía. La corrupción dejó de ser una sucesión de casos aislados. Se convirtió en el sistema operativo del poder.

El diagnóstico de Transparencia Venezuela resulta demoledor cuando habla de una “captura sistémica del Estado”: instituciones sometidas, organismos de control debilitados y recursos públicos subordinados a intereses políticos y personales. Cuando los expertos describen redes cleptocráticas y captura institucional, no hablan de desviaciones ocasionales. Hablan de un ecosistema. Un entorno donde la corrupción deja de ser una conducta para convertirse en una norma.

Y allí aparece el verdadero tema de esta historia. No son los 13 mil millones de dólares. Es el control. Porque el problema nunca ha sido únicamente cuánto dinero existe. El problema es quién vigila a quien lo administra. Quién audita al que firma. Quién controla al que controla.

El episodio más reciente lo confirma. Los edificios construidos para los más pobres bajo la OPPE, asociados a nombres como Farruco Sesto y Ernesto Villegas, terminaron desplomándose no sólo como estructuras físicas, sino como símbolo de un modelo entero. Fueron presentados como emblemas de justicia social y acabaron convertidos en evidencia material de negligencia, actuación criminal, improvisación y propaganda. Los edificios cayeron con la misma facilidad con la que se derrumba un relato cuando choca contra los hechos.

Por eso resulta grotesco el intento de Ernesto Villegas de lavarse las manos alegando que cuando asumió la dirección de la OPPE las estructuras ya estaban construidas y que a él sólo le correspondió culminarlas. Su “yo no fui” no es una defensa; es una admisión de irresponsabilidad y blandenguería. Un gerente no hereda únicamente los méritos. Hereda también los riesgos, los errores y las posibles tragedias ocultas detrás de cada expediente. Su deber era revisar, auditar y verificar. Si existía la menor duda sobre la integridad de esas edificaciones, estaba obligado a ordenar inspecciones independientes y a denunciar cualquier irregularidad. No lo hizo. Y cuando los edificios colapsaron, también colapsó la excusa de Villegas. Porque la responsabilidad no desaparece por llegar tarde a una obra. Un capitán no queda absuelto de un naufragio porque no construyó el barco.

La democracia suele representarse con una urna electoral. Es una imagen insuficiente. Una democracia sin controles es apenas una fachada institucional. Votar es importante. Vigilar es indispensable. Elegir gobiernos es el primer acto. Exigir cuentas es el que determina si la libertad sobrevive. Por eso la Contraloría General de la República no puede ser un departamento de relaciones públicas del poder. Debe ser precisamente lo contrario: una institución diseñada para incomodar al poder. Su misión no es proteger gobernantes; es proteger recursos. No es justificar decisiones; es investigarlas.

Una Contraloría independiente debe poder auditar sin permiso, denunciar sin cálculo político y actuar sin obediencias partidistas. Debe estar acompañada por universidades, gremios, medios libres y organizaciones de la sociedad civil, en una red permanente de vigilancia del patrimonio nacional.

Las sociedades que prosperan no lo hacen porque tienen gobernantes virtuosos. Prosperan porque construyen instituciones capaces de impedir que los gobernantes se comporten como dueños del Estado. La lección es simple y brutal: los países rara vez se arruinan por falta de riqueza. Se arruinan cuando desaparecen los controles sobre quienes la administran. Entonces el poder se comporta como el fuego: primero consume los excesos, luego los recursos y finalmente el futuro. Y cuando las llamas terminan su trabajo, la nación despierta entre cenizas preguntándose quién se llevó la fortuna que alguna vez creyó inagotable. Y la respuesta es una: ellos, los hunos. Y esa inconmensurable fortuna está en una selva de “inversiones” tapareadas por una red de testaferros. 

Y quizás allí resida la verdad más incómoda de todas. Venezuela no fue saqueada a oscuras. Fue saqueada mientras existían ministerios, contralorías, tribunales, fiscalías y parlamentos; mientras los discursos prometían justicia y los propagandistas vendían redención. El problema no fue la ausencia de instituciones, sino su rendición. El control dejó de vigilar al poder para convertirse en uno de sus instrumentos.

Por eso los 13 mil millones de dólares son apenas un símbolo. Lo verdaderamente extraviado no es ese dinero, sino la capacidad de una nación para exigir cuentas. Porque cuando nadie fiscaliza, la corrupción deja de ser un delito y se convierte en un método de gobierno.

Venezuela no necesita salvadores. Necesita controles. Necesita instituciones que investiguen, jueces que juzguen, contralores que controlen y ciudadanos que no acepten la impunidad como una condición natural de la vida pública. De lo contrario, los miles de millones retenidos hoy, los miles de millones saqueados ayer y los miles de millones que puedan llegar mañana terminarán recorriendo el mismo camino: desaparecer de las cuentas nacionales para reaparecer ocultos tras empresas de maletín, paraísos fiscales y la espesa selva de testaferros que protege las fortunas robadas por el poder.

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