Antes y después del primero de agosto

No sería la primera vez que Estados Unidos acierta en un “plan de intervención”; tampoco sería la primera vez que fracasa. Su historia está hecha de operaciones que reorganizan países con precisión quirúrgica y de otras que empiezan con épica y terminan en ruinas. Esa ambivalencia sostiene la “cuestión Venezuela” y explica el hartazgo de Washington con la presidente encargada, convertida en símbolo de una etapa que ya no sirve para la siguiente.

Antes del primero de agosto, Venezuela era un cuarto en penumbra: provisionalidad, ficción útil, contención del caos. Washington administraba la emergencia -como en Panamá en 1989- manteniendo apenas lo indispensable mientras preparaba el movimiento decisivo. En ese limbo, la presidente encargada, con su estreno cotidiano de atuendos comprados en Amazon, era un puente improvisado: expediente, más bien, que no poder. Una figura tolerada mientras la transición carecía de forma, como los gobiernos interinos que Estados Unidos sostuvo en Haití en 1994 para ganar tiempo. El chavismo sobrevivía sin su jefe pero con su aparato; la oposición sin brújula; la economía respiraba como un paciente recién extubado; la política estaba en modo avión.

El primero de agosto cambia la luz. La transición deja de ser relato y se vuelve procedimiento. La negociación se formaliza, la agenda política se activa, la cuestión electoral regresa al centro. Washington deja de administrar el caos y empieza a administrar el camino. Ahí surge el hartazgo estratégico: la presidente encargada deja de ser útil. La transición exige operadores, no reliquias; eficacia, no liturgia. Lo mismo ocurrió en Irak en 2004, cuando Estados Unidos sustituyó figuras simbólicas por actores funcionales para la reconstrucción.

La tradición estadounidense acumula aciertos: Granada en 1983, Kosovo en 1999, Bosnia en 1995. Intervenciones que estabilizaron territorios y reordenaron estructuras. Pero también fracasos monumentales: Vietnam, Afganistán, Guatemala, Chile, República Dominicana. Intervenciones que abrieron décadas de violencia, retornos al punto de partida o resentimientos persistentes.

El patrón es claro: Washington interviene, reorganiza, sustituye actores, impone cronogramas, y luego el resultado depende de variables que ni siquiera su poder controla. A veces el país se estabiliza; otras se desmorona; otras queda atrapado en una transición interminable. Por eso la fractura venezolana es reconocible: la tolerancia hacia la presidente encargada pertenece a la fase de contención; el hartazgo, a la fase de ejecución. Cuando la transición se activa, los símbolos estorban.

Venezuela entra ahora en esa zona ambigua donde todo puede avanzar o torcerse. El país deja atrás la penumbra y entra en la luz cruda del procedimiento. Cada decisión pesa. Cada actor debe definirse. La transición deja de ser concepto y se vuelve cronograma. El país, que respiraba con miedo a despertar al monstruo, descubre que el monstruo ya está despierto.

Washington quiere dos cosas: que Venezuela sea un proveedor estable de petróleo y otros recursos  y que deje de ser un problema geopolítico. Esa doble ambición —pragmática, fría— explica por qué algunas piezas se sostienen y otras se descartan. La presidente encargada pasó de ser útil a ser un obstáculo.

Para Washington, Venezuela es simultáneamente pozo y riesgo: pozo que alimenta la maquinaria energética global si funciona; riesgo que altera el equilibrio regional si se descontrola. La transición venezolana se entiende desde esa lógica: estabilizar la producción y neutralizar el conflicto. Convertir un país “impredecible” en uno “administrable”.

La historia lo confirma. Panamá en 1989 eliminó un riesgo geopolítico. Granada en 1983 evitó una plataforma soviética. Irak en 2003 mezcló petróleo y arquitectura regional, aunque terminó en caos. Afganistán buscó eliminar un santuario terrorista y terminó en un fracaso circular.

Venezuela entra en esa ecuación. Washington quiere producción estable, exportación confiable, industria energética funcional. Devolución de activos confiscados en diversos sectores.  Y quiere que el país deje de generar tensiones: que no sea plataforma para rivales, que no produzca crisis migratorias masivas, que no obligue a intervenciones constantes.

El terremoto del 24 de junio introdujo una variable que Washington no tenía en su ecuación: la urgencia física. Hasta ese día, la transición venezolana era un asunto político, financiero, diplomático y energético; después del sismo, se convirtió también en un problema de infraestructura, seguridad y estabilidad inmediata. El temblor reveló la fragilidad del país —sus servicios colapsados, su capacidad de respuesta mínima, su vulnerabilidad estructural— y obligó a Washington a acelerar decisiones que pensaba administrar con más calma. La emergencia natural comprimió los tiempos: un país que tiembla es un país que puede desordenarse, y un país desordenado es un riesgo geopolítico. Por eso el terremoto no sólo alteró la agenda, sino que la endureció: menos paciencia, más presión, más necesidad de “operadores” y menos tolerancia hacia figuras simbólicas como la presidente encargada, que ya no ofrecía ninguna utilidad en un escenario donde la estabilidad dejó de ser un objetivo y pasó a ser una urgencia.

Por eso el primero de agosto es fractura. Antes, Venezuela era provisionalidad y ficción útil. La presidente encargada sostenía una narrativa de continuidad mientras se contenía el derrumbe. Después, la transición exige operadores. Exige estructura. Exige que el país avance hacia un modelo que permita cumplir los dos objetivos centrales: producción estable y neutralización geopolítica.

Después del primero de agosto, la luz cambia. La transición se vuelve agenda. La negociación se formaliza. La cuestión electoral regresa al tablero. Washington administra el camino, no la emergencia. El país entra en la fase donde cada decisión tiene consecuencias materiales.

Venezuela, que temía despertar al monstruo, descubre que el monstruo ya está despierto. Y en esa luz cruda, la lógica estadounidense se vuelve evidente: estabilizar el pozo, desactivar el riesgo. Convertir la incertidumbre en procedimiento.

Al final, todo se reduce a esto: Venezuela dejó de ser un expediente y pasó a ser una ecuación. Una ecuación que Washington quiere resolver sin poesía, sin símbolos, sin liturgias inútiles. El primero de agosto marca ese tránsito: del país sostenido por ficciones al país obligado a funcionar. La transición ya no es un relato para tranquilizar actores, sino una arquitectura que debe producir resultados medibles, contantes y sonantes: estabilidad energética, neutralización geopolítica, minimización del riesgo.

En esa arquitectura, las piezas que no sirven se descartan. Las que no aportan se sustituyen. Las que estorban se silencian. La presidente encargada fue útil mientras la penumbra exigía un decorado; dejó de serlo cuando la luz cruda reveló que el país necesita engranajes, no estampitas.

La transición venezolana entra ahora en su fase más peligrosa y más definitoria: la del procedimiento sin anestesia. La fase donde cada movimiento altera el equilibrio, donde cada actor revela su peso real, donde cada decisión puede estabilizar el pozo o desatar el riesgo. Washington lo sabe. Y Venezuela, que durante años vivió temiendo despertar al monstruo, descubre que el monstruo no sólo está despierto: está contando el tiempo.

Soledadmorillobelloso@gmail.com