Un ensayo corto:

La Constitución convertida en pisapapeles

Un poquito de historia 

La historia, cuando se la integra sin piedad, es un espejo que no perdona. En 1993, cuando se  destituyó a Carlos Andrés Pérez (tema que será objeto de otro texto), en Venezuela no se jugó a la prestidigitación jurídica ni a la fantasía institucional. Se hizo lo que la Constitución ordenaba, sin adornos, sin maniobras, sin mesas que pretendieran fabricar un país paralelo. El senador Octavio Lepage, para entonces presidente del Congreso Nacional, asumió la presidencia porque así estaba escrito, porque así debía ser, porque la Carta Magna, la del 61, todavía sabía morder. 

Pero la crisis seguía respirando, y entonces el Congreso Nacional —un Congreso bicameral que aún entendía que la Constitución era estructura y no utilería— decidió una solución quirúrgica, con fecha, hora, menú. Con aprobación de ambas cámaras, nombró a Ramón J. Velásquez para la presidencia, con el mandato de concluir el período y garantizar las elecciones en el momento exacto previsto por la ley. Sin poesía. Sin cursilería. Sin excusas. Sin “algún día, cuando se pueda”. Constitución pura, sin anestesia. Si algún día se escribe una historia seria y completa sobre todo eso, es probable que al doctor Velázquez el autor lo identifique como “El Garante”, porque eso fue. Nunca se paseó por la idea de prolongar su tiempo en la presidencia y tampoco se planteó que fuera candidato en la siguiente elección.

Cumplida su misión, Velázquez se retiró a dedicarse a sus labores intelectuales. Y, por cierto, un detalle no menor: durante su presidencia, Velázquez y su señora nunca se mudaron a la residencia presidencial. Decían que no les correspondía, pues esa casa era para presidentes elegidos por el pueblo. Vivían en su casa de siempre y fueron particularmente comedidos y austeros. 

Interpretaciones fraudulentas

Ese recuerdo, para algunos una página en sepia, visto desde hoy, es casi una afrenta. Porque ahora tenemos un gobierno encargado sin sustento constitucional alguno. Pero ahí está. Una estructura ilegal, reclamando funciones que no le corresponden. No nació de la Constitución: nació del vacío. Y sin embargo firma, declara, representa, se pavonea, mandonea. Ese gobierno existe no porque el pueblo lo haya bendecido, sino porque la política nacional e internacional decidió tolerarlo, y porque, ahora, en esta circunstancia que parece escrita por Ionesco, la mesa —ese híbrido que ni mitológico es— y algunos factores de poder fuera de las fronteras suponen que lo necesitan, porque la ficción repetida lo suficiente termina oliendo a realidad.

En este paisaje, el gobierno encargado y la mesa hacen con la Constitución lo que se hace con un objeto que ya no se considera norma sino mero utensilio. Un gadget, pues. No la leen: la manipulan. Esa mesa, instalada por teléfono y sin testigos, no la respeta: la dosifica. No la acatan: la usan. La convierten en un pisapapeles: un bloque pesado que aplasta discusiones para que no respiren, que inmoviliza lo que debería moverse, que mantiene quieto lo que debería incomodar. Las constituciones no se hacen para adaptarse al poder de turno: existen para limitarlo y para poner orden en la nación.

Así las cosas, tal como están, la Constitución deja de ser pacto social de obligatorio cumplimiento y se vuelve masa inerte, mármol frío, adorno útil para que nada se desordene en la superficie del poder. Se acata en público, se incumple en privado. Se convierte en un objeto ceremonial, una pieza de utilería de anime que se exhibe en discursos solemnes y comunicados con pésima sintaxis y, a conveniencia de parte interesada, se ignora en decisiones reales. Se vuelve comodín, excusa, truco, niebla, como en la novela de Stephen King.

No es habladera de pistoladas

Esta discusión no es, como pensarán algunos incautos, habladera de pistoladas. Cuando la Constitución se vuelve comodín, empieza a oler a papel húmedo, a documento guardado en un cajón que nadie abre. Se vuelve cortina: sombra cuando necesitan ocultar, claridad cuando necesitan justificar. La doblan, la estiran, la evaporan. La convierten en clima, en murmullo, en excusa gelatinosa. Deja de ser ley y se vuelve truco. Se vuelve coartada. Se vuelve silencio. Ya no es columna ni cimiento: es bruma conveniente para disimular el quehacer de acomodados. La levantan como quien alza una velita de santo en un cuarto oscuro. La llama no ilumina nada; apenas titila, apenas sirve para fingir que hay luz. La Constitución se vuelve atmósfera, vapor. Algo que rodea al poder y lo perfuma, pero jamás lo obliga ni lo limita. 

Mientras tanto, el país, que no entiende lo que ocurre en este teatro del absurdo, camina dentro de esa niebla, creyendo que hay marco, borde, límite. Que en medio del desorden, algo, un libro con 350 artículos, lo protege. Pero todo es aire, inasible. La institucionalidad es una farsa de sombras: figuras que se agrandan o se achican según la luz que el poder decida encender. Y en medio de esa puesta en escena, el gobierno encargado —sin raíz, sin mandato, pisoteando la Constitución— permanece. No porque la Carta Magna lo sostenga, sino porque la política en el poder lo tolera. Porque la mesa lo necesita. Porque ahora ambos lados precisan el uno del otro. Y la ficción, sabemos bien, repetida lo suficiente, se vuelve hábito.

Una Constitución tratada como pisapapeles deja de ser Constitución. Se convierte en pretexto. Se vuelve la prueba más despiadada de que el país está siendo gobernado por lo que Velázquez llamó sabiamente “las sombras de los demonios”.

La base histórica del disparate

Todo esto, al final, tiene una base: esa frase que quienes no se jubilaron de las clases de Historia Universal llevan tatuada en la memoria: “se acata pero no se cumple”. Pero para entender su filo, hay que devolverla a su origen, a su contexto, a su carga histórica real. 

La frase nació en tiempos del colonialismo español, en los siglos XVI y XVII, cuando la Corona enviaba órdenes desde Madrid que llegaban meses después (no había internet) a territorios donde la realidad era otra, donde el poder local tenía intereses propios, donde la distancia era una forma de soberanía. Los funcionarios de las provincias de ultramar recibían las cédulas reales, las leían con solemnidad, las acataban con reverencia… y luego las enterraban en un horcón. Se acataba la autoridad simbólica del rey, pero no se cumplía la orden concreta. Era la fórmula perfecta, casi hecha a medida, para mantener la fachada de obediencia mientras en los hechos se ejercía la autonomía. Era el mecanismo que permitía decir “sí, majestad” mientras se hacía un “no, jamás”.

Esa frase es el ADN de los sistemas que se creen más astutos que la ley, más grandes que la norma, más importantes que el pacto social. Es la arquitectura mental del poder que se sabe impune. Es la coartada más vieja del cinismo institucional: obedecer sin obedecer, respetar sin respetar, cumplir sin cumplir. Es la máscara que permite fingir legalidad mientras se practica la ilegalidad.

Y es exactamente lo que estamos viendo hoy.

En 1993, cuando se destituyó a Carlos Andrés Pérez, Venezuela no se dio el lujo colonial de ese cinismo. No hubo “se acata pero no se cumple”. Se acató y se cumplió. Lepage asumió porque así estaba escrito. Velásquez fue nombrado porque así podía ser. Hubo fecha, hora, menú. Nada de “yo hago lo que quiero porque puedo”. Hubo Constitución sin maquillaje, sin anestesia, sin truco.

El vacío

Hoy, en cambio, tenemos un gobierno encargado vestido de amuletos y sin sustento constitucional alguno. 

La mesa, en este vodevil de medio pelo, hace con la Constitución lo que hacían los virreyes con las cédulas reales:  acataban en público, incumplían en privado. Miraflores y la mesa no la leen: la manipulan. No la respetan: la dosifican. La convierten en un pisapapeles: un bloque pesado que aplasta discusiones fundamentales e impostergables para que no respiren, que inmoviliza lo que debería moverse, que mantiene quieto lo que debería incomodar.

Y aquí está la verdad más despiadada: a la Constitución o se la cumple o se la desecha. No existen tales aberraciones como el cumplimiento parcial, la obediencia selectiva, la fidelidad intermitente. Pretender cumplirla “a medias” es pretender estar medio preñado. Una imposibilidad biológica convertida en metáfora jurídica. O se está o no se está. O se cumple o se viola. O se acata o se traiciona.

A un golpe siguió otro golpe

Aquí hubo un golpe de palacio. Una sacudida silenciosa. Una madrugada con estruendo de helicópteros. Sacaron al presidente y a su mujer (socia en los crímenes) y se los llevaron a Brooklyn. Y la consecuencia no es lo imaginado: es que el edificio del poder permanece intacto, las cortinas siguen en su sitio, los retratos no se caen de la pared. Y adentro, en los pasillos donde la luz nunca es del todo natural, se ha movido una pieza y el tablero entero cambia de sentido. Pero es lo mismo.

Fue una operación quirúrgica: actores que ya estaban —ministros, generales, asesores, facciones del partido— decidieron que el jefe ya no servía, que estorbaba, que amenazaba intereses que no pueden permitirse perder. Entonces se produce la desaparición forzada. Entre gallos y medianoche. El país despierta con la misma bandera, el mismo himno, el mismo edificio gubernamental; pero el pulso del poder late en otra mano. 

El golpe de palacio no rompe el régimen: lo reacomoda. Es decir, perpetra otro golpe. Es una sustitución sin estridencias exageradas, una continuidad maquillada. La legalidad se mantiene como un decorado que nadie se atreve a desmontar, aunque todos saben que detrás del telón hubo coerción, chantaje, amenazas veladas. 

La narrativa oficial habla de “transición ordenada”, “relevo institucional”. La realidad es otra: una facción ganó y otra perdió, y el juego sigue, pero con nuevas reglas. En Ciencias Políticas, el golpe de palacio revela la fragilidad íntima del poder: no es la calle la que se rebela, ni los cuarteles los que irrumpen; es el propio corazón del gobierno el que se devora a sí mismo.

Si la Constitución se respetara, el país estaría en otro paisaje. No en este limbo turbio y tenebroso, sino en una secuencia clara, previsible, casi mecánica: el ganador reconocido, la juramentación cumplida, la transición en marcha. En ese escenario, Edmundo González Urrutia habría asumido (con retraso) la presidencia como corresponde al mandato constitucional, y el país estaría ya desmontando las estructuras que hoy siguen funcionando como trincheras del poder: un nuevo CNE, un nuevo TSJ, un nuevo Poder Ciudadano, instituciones reconstruidas desde la legalidad y no desde la obediencia. La Constitución venezolana —esa que existe, aunque la traten como utilería— establece un camino nítido: reconocimiento de resultados, proclamación, juramentación, instalación del gobierno electo. Luego, la reorganización institucional para garantizar que las siguientes elecciones se celebren con árbitros legítimos y reglas confiables. Ese proceso no es un invento ni una interpretación creativa: es el diseño mismo del sistema político. 

Pero, ah, esta película tiene otro guion. Lo que debería ser un procedimiento se ha convertido en una ficción suspendida. Si el texto constitucional fuera la guía, el país estaría ya en la fase de reconstrucción democrática. No en esta prolongación artificial del interinato, ni en esta ocupación del poder por estructuras que no derivan de la soberanía popular. La Constitución, aplicada con rigor, habría obligado a renovar el CNE y el TSJ para que la siguiente elección no fuera una simulación sino un acto de soberanía real. En vez de eso, persisten las covachas donde la legalidad se negocia y se administra como si fuera mercancía.

La excusa para no haberlo hecho es la misma de siempre, repetida ad nauseam con distintos disfraces, pero reconocible por el olor: “... es que no se puede porque el país está en una situación excepcional”. Esa frase, o cualquiera de sus simplonas variantes, es el comodín que permite suspender la Constitución sin admitir que se está suspendiendo. Es el argumento que convierte la ilegalidad en prudencia, la usurpación en estabilidad, la demora en responsabilidad. En el fondo, la excusa es un argumento delincuencial para no soltar el poder. Se invocan el caos, la amenaza, la incertidumbre, la necesidad de “proteger al país”, la supuesta urgencia de mantener continuidad institucional. Y se presume que los inversionistas vendrán en cambote si Delcy les promete portarse bien y jura por un puñado de cruces que no habrá más expropiaciones. Se dice que no es el momento, que hay riesgos, que hay actores desestabilizadores, que hay que esperar mejores condiciones. Todo eso es retórica barata para justificar lo que en realidad es una decisión política: no permitir que la Constitución actúe porque su cumplimiento implicaría un cambio de mando. 

También está la excusa burocrática: “hay procedimientos”, “hay instancias”, “hay que revisar”, “hay que auditar”, “hay que verificar”. Es la forma más elegante de convertir un mandato constitucional en un trámite infinito. La Constitución dice “juramentación inmediata”; la excusa dice “todavía no”. Y está la excusa más cruda, la que nunca se pronuncia pero se siente: si se respeta la Constitución, se pierde el control del lucrativo aparato. Porque tras de esto hay un negocio de cientos de miles de millones de dólares. Esa es la verdadera razón, envuelta en todas las demás. El resto es decorado de verbena.

Y aquí pusieron a Petain

Francia liberada era un cuerpo que despertaba de una pesadilla, con el olor del miedo todavía pegado a las paredes. En ese amanecer áspero, nadie —ni por error, ni por cálculo, ni por desesperación— pensó en Pétain como opción. Era imposible. Era indecente. Era como pedirle al verdugo que sostuviera la cabeza del país mientras le quitaban la soga.
Pétain representaba la complicidad, el deshonor, la ruindad. Su nombre era una grieta. Su figura, una renuncia. Francia necesitaba afirmarse, no justificarse; levantarse, no explicarse. Y por eso De Gaulle emergió como la única voz capaz de decir “Francia sigue aquí”, incluso cuando Francia parecía haberse desvanecido. No era un gesto de heroísmo personal: era la restauración de la República, la afirmación de que la legalidad no muere aunque la ocupen.

En Venezuela, en cambio, la política decidió que sí, que era posible —y hasta conveniente— inventarse un Pétain funcional. Una figura sin mandato, sin origen constitucional, sin la continuidad republicana que legitima a quien habla en nombre de un país. Se aceptó la idea de administrar la ruina con un personaje que no provenía de la República sino de su suspensión. Se confundió urgencia con excepción, vacío con oportunidad, caos con permiso. Todo inspirado en la más crasa ignorancia.

La diferencia es brutal: los franceses reconstruyeron su país con la República en la mano; a nosotros nos pretenden vender reconstruir el nuestro sin ella, como si República fuera un vocablo de relleno y la Constitución un papel prescindible, un adorno sobrante, un estorbo.
 
Las naciones que se levantan después de una tragedia (y lo que ha pasado en Venezuela durante 27 años es eso, una tragedia) no ponen a los cómplices, ni a los improvisados, ni a los inventados a cargo de la reconstrucción. La historia no tolera esos atajos. La República tampoco.

Delcy es Petain. 

Sudáfrica

Si Sudáfrica hubiera tenido esa mentalidad de aferrarse al poder cual sanguijuela —esa convicción de que la Constitución es un lujo prescindible, de que la transición es una amenaza, de que el país sólo “se salva” si nada cambia— Mandela no habría sido un símbolo: habría sido un prisionero perpetuo. El Apartheid habría seguido funcionando como una maquinaria de exclusión, sostenida por la misma excusa que hoy se escucha en la “Cuestión Venezuela”:  que “no es el momento”, que “hay riesgos”, que “la estabilidad primero”. La diferencia es que en Sudáfrica, en el instante crítico, el poder entendió algo que aquí se niegan a aceptar: cuando un régimen se aferra a sí mismo, se condena. La transición sudafricana ocurrió porque quienes controlaban el Estado comprendieron que sostener un sistema ilegítimo era sostener una guerra civil en cámara lenta. Que la Constitución no era una amenaza, sino antes bien la única salida. Que la entrega del poder no era una derrota, sino una forma de evitar el colapso del país.

En Venezuela, en cambio, la excusa para no respetar la Constitución es una máscara para ocultar el miedo: miedo a perder impunidad, a perder control, a perder la capacidad de decidir quién vive políticamente y quién no. Miedo a que la historia avance sin pedir permiso. Por eso se inventan “excepcionalidades”, “circunstancias especiales”, “procesos pendientes”, “verificaciones necesarias”. Todo eso es retórica para justificar lo que en realidad es una decisión: no soltar el poder aunque la Constitución lo ordene.

Entre LeClerc y Delcy hay, claro está, distancia sideral en intelectualidad y ética. LeClerc —con todos sus matices, errores y sombras— entendió que la transición sudafricana exigía algo que los regímenes rara vez aceptan: ceder. Comprendió que sostener un sistema ilegítimo era sostener una bomba. Que la Constitución no era un obstáculo, sino el puente. Que la historia, cuando llega a su punto de quiebre, no admite excusas. 

Delcy, en cambio, encarna la lógica inversa, la bizarra: la del poder que se aferra como garrapata, que convierte la Constitución en un accesorio moldeable, que administra la legalidad como si fuera un recurso negociable, sea en una mesa o en conversaciones con gobiernos. LeClerc vio que el país sólo podía salvarse si el poder se movía. Delcy actúa como si el país minúsculo que tiene en la cabeza  sólo pudiera salvarse si el poder se inmoviliza. LeClerc eligió el vértigo de la transformación. Delcy eligió la quietud del pantanoso estancamiento.

LeClerc hizo algo que en Venezuela parece ciencia ficción: hurgó dentro de la Constitución el mecanismo para desmontar el régimen sin destruir el Estado. No inventó una excepcionalidad, no fabricó un vacío, no apeló a la retórica del miedo. Se metió en el texto constitucional —ese que en Sudáfrica había sido usado para justificar el Apartheid— y encontró allí, en sus propias cláusulas, la grieta por donde podía entrar la transformación. Ese gesto es decisivo: significa entender que la Constitución no es un obstáculo sino un arma política legítima. Que incluso un sistema injusto contiene, en su arquitectura legal, puntos de fuga. LeClerc comprendió que la transición sólo podía ser legítima si se apoyaba en la ley, no en la fuerza. Que la Constitución, usada con rigor, podía obligar al mismo régimen a abrir la puerta que llevaba décadas cerrando. Delcy, en cambio, encarna la lógica de la escasez intelectual: la Constitución como cortina, no como camino. Como objeto decorativo que se cita pero no se obedece. Como un texto que se interpreta según convenga, no según manda. Sudáfrica encontró en su propia legalidad la ruta hacia la libertad. Venezuela vive atrapada en un poder que teme que la legalidad lo desaloje.

La Constitución es nuestra mejor defensa

Yo no soy abogado. Soy apenas una periodista setentona que quiere retirarse del periodismo de análisis para dedicarse por entero a la escritura, la ensayística, la narrativa y la poesía. Pero tengo el título más importante: soy ciudadana. Nací en 1956 y, por tanto, en realidad no tengo recuerdos de Venezuela antes de la democracia. Me he pasado la vida entera leyendo, estudiando y escribiendo. Y muy en particular me he sumergido en tratar de entender qué hace que alguna gente en el poder pierda toda estatura ética y se convierta en enano moral. No hay nada que lo explique, salvo unos espíritus y unas mentes realmente perturbadas. No por enfermedad: por malicia. Aunque pareciera imposible, hay gente que comete los siete pecados capitales…  todos juntos y a la vez. Y ante estos pecados, la Constitución es nuestra mejor defensa.

Todos los gobiernos cometen errores. Leves o graves. Los de los últimos 27 años —con diferentes apellidos son lo mismo— han sido horrores.

Soledadmorillobelloso@gmail.com